El presidente López Obrador asegura que su Gobierno no ha utilizado software espía como hizo su predecesor en el cargo y las autoridades atribuyen la compra de software a la persecución del crimen organizado. ¿Qué hay de cierto en estas acusaciones?
¿Cómo una institución educativa puede estar preparada para enfrentar las consecuencias e impactos al ser víctimas de ataques con malware, robo y extorsiones por exposición de información sensible, suplantación de identidad, robo de datos personales de alumnos o profesores, prevención de uso incorrecto de herramientas digitales para bullying o fraude?
Con la llegada del COVID-19 y el confinamiento, los hábitos de consumo informático han evolucionado en la mayor parte de los hogares. Y los ciberdelincuentes han aprovechado esta situación para realizar ciberataques pues algunos usuarios están poco familiarizados con el entorno digital o no trabajan desde entornos de red fiables ni equipos de forma segura.
Los ataques de ransomware siguen siendo un gran negocio para los criminales, los avances en la tecnología como la Inteligencia Artificial y los modelos de negocio como el Ransomware as a Service (RaaS), ha permitido que con $50 USD y un poco de conocimiento en computación, cualquier persona se convierta en un cibercriminal.
Con los avances en IA y Deep Learning, solo es cuestión de tiempo para que las personas resulten en una posición en la que otros suplantan su identidad. No hay diferencia entre alguien hackeando la cuenta de un “famoso” o alguien hackeando a la persona que está en la fila del supermercado. Solo depende de si alguien tiene o no el deseo de apuntarle. - Scarlett Johansson - Víctima de deepfake
Internet es un lugar sin límites ni control, la cantidad ilimitada de videos, material malicioso y contenidos falsos son difíciles de discernir por los mismos adultos. Aunque muchas de las plataformas, países o empresas implementen controles, sigue siendo un reto la acelerada evolución digital para las familias.
Una coincidencia errónea hecha por un algoritmo de reconocimiento facial condujo al arresto de Robert Julian-Borchak Williams de Michigan por un delito que no cometió.